|
Informe de
la ONG sobre la situación de la mujer migrante
en México
Presentado durante la 36ª.
Sesión
del
Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW)
Por María Cristina Hawley
UNANIMA Internacional
Respeto al Sexto Informe
periódico del gobierno de México como
Estado Parte de la CEDAW
7-25 agosto 2006, Nueva York
Este
informe estaba preparada con la ayuda de las Hermanas Misioneras Catequistas
de los Pobres de Coahuila, México
PREAMBULO
El
presente informe no pretende la crítica directa del sexto informe periódico
presentado por el Gobierno de México, sino comprometerse constructivamente
con el en la mejora de los derechos de las mujeres migrantes. El fin de
este informe es un medio para que el Gobierno de México refuerce los
mecanismos de aplicación de las disposiciones antidiscriminatorias de la
Convención de forma que sean más eficaces y se continúen trasluciendo en la
política nacional y en todas sus actuaciones.
INTRODUCCIÓN
Este
informe pretende ser un complemento al sexto informe presentado por México
en noviembre de 2005 así como la lista de cuestiones y preguntas al examen
de los informes periódicos CEDAW/C/MEX/Q/6. Concretamente se abordará el
tema de mujeres migrantes.
Para entender la migración
femenina es necesario tener como contexto la industrialización, los patrones
de urbanización, la transformación de la economía campesina en una economía
de mercado, los cambios en la tenencia de la tierra y las políticas
estatales que inciden en los cambios sociales y económicos de México.
Durante el periodo 1950-1980
hay una tendencia de migración femenina interestatal, la cual coincide con
un proceso de urbanización que fue incorporando a las mujeres de forma lenta
pero constante, como fuerza de trabajo. Muchas de las mujeres emigran del
campo a la ciudad incorporándose al trabajo doméstico, al comercio y al
sector informal.
Las crisis recurrentes que se
han vivido en México y el cambio del “Estado de bienestar” por el de corte
neoliberal, lanzó a más mujeres, de manera masiva, a emigrar hacia los
Estados Unidos. A partir de 1990 la incorporación de las mujeres a esta
indeseable travesía se ha intensificado y a la fecha alcanza el 48 por
ciento del total de 20 millones de latino y centroamericanos que se
encuentran lejos de sus tierras natales.
Datos del Consejos Nacional
de Población, afirman que el flujo migratorio de México hacia Estados
Unidos, ascendió a 400 mil personas en los primeros años del presente siglo,
de las cuales un 20 por ciento fue población femenina.
Las mujeres son más
vulnerables en su travesía hacia Estados Unidos. Un estudio de la
organización Sin Fronteras muestra que las migrantes son objeto de violencia
por autoridades de migración, ejército, policía, empleadores y ladrones que
se encuentran en su trayecto migratorio, sobre todo cuando se trasladan
solas. Se trata tanto de las mujeres centroamericanas que pasan por México
como de las migrantes mexicanas que viven una violencia física, económica en
forma de extorsión, psicológica y sexual.
Desafortunadamente las
migrantes son también objeto de violencia en su entorno familiar y son
sujetas vulnerables de las mafias dedicadas a la explotación sexual y a la
criminalidad.
“El Estado mexicano ha
reconocido la importancia de crear una política integral en derechos humanos
y la necesidad de armonizar la legislación nacional con los tratados
internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, persisten
patrones y prácticas gubernamentales en materia migratoria que son
regresivos y violan los derechos humanos de las personas que emigran, y que
han sido reportadas por las relatorías especiales para migrantes de Naciones
Unidas”
y, en el caso que nos atañe por la Relatora Especial
Hay que reconocer que uno de
los temas más importantes para el Instituto Nacional de las Mujeres, creado
por el Presidente Vicente Fox Quesada el 12 de enero de 2001 y establecido
formalmente el 8 de marzo de ese mismo año, es la discriminación de género y
especialmente la que vive la población femenina migrante. Sin embargo, en la
práctica, la mujer migrante es continuamente víctima de violencia sexual,
psicológica, física y económica que se agrava más cuando su estatus
migratorio es irregular en México o al cruzar la frontera con Estados
Unidos.
El problema de la violencia
fronteriza se ha agudizado a raíz de las ultimas propuestas de los
congresistas de los Estados Unidos en especial, la Resolución HR4437 o Acta
Sensenbrenner que están influyendo en el odio y rechazo de los migrantes.
Cada día los congresistas estadunidenses parecen alejarse más de la amnistía
y tolerancia legal a la migración, estrangulándola diplomáticamente entre la
construcción del muro, la militarización de la frontera y la débil concesión
de trabajadores migrantes temporales.
Respecto a las autoridades
mexicanas, muchas veces resulta lamentable que en lugar de armonizar las
leyes que surgen de los tratados y convenios internacionales que el gobierno
mexicano ha ratificado en materia migratoria, se preocupen más por echarles
encima a las y los migrantes la fuerza pública, aumentando la crueldad y la
criminalidad, provocando muertes, mutilaciones, extorsiones y toda clase de
tratos crueles e inhumanos.
En el sexto informe del
gobierno de México habla que se está trabajando en la elaboración de una
propuesta de Política Migratoria de Estado a través de la elaboración de un
diagnóstico entre los 32 delegados regionales del Instituto Nacional de
Migración que es indispensable. También habla de la necesidad de
coordinación con otras instituciones de gobierno, organizaciones civiles y
organismos internacionales en la asistencia a víctimas de tráfico y trata de
migrantes. Todo esto es muy bueno, pero urge formar e impartir talleres a
policías y autoridades locales que muchas veces tratan a las mujeres
migrantes peor que a animales.
La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer fue
firmada por México el 18 de diciembre de 1979 y ratificada el 23 de marzo de
1981. Dicha Convención entró en vigor como tratado internacional el 3 de
septiembre de 1981.
En el Artículo 2 se
lee:
Los Estados Partes condenan la
discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a
eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen
a:
d) Abstenerse de incurrir en
todo acto de práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las
autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta
obligación;
e) Tomar todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por
cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
El Artículo 1° de
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el último párrafo
que se reformó a instancias de Vicente Fox Quesada el 1-XII-2000 y entró en
vigor el 14-VIII-2001 dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades
diferentes, la condición social, las condiciones de salud, las preferencias,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.”
Es muy distinta la ley
mexicana de la práctica y queda lejos de que se brinde un trato justo y
equitativo a las mujeres migrantes que ingresan en México por la frontera
sur con Guatemala para alcanzar su sueño de llegar al otro lado de la
frontera norte. De hecho el periódico La Jornada del 15 de abril de 2005
aparece un artículo en que las autoras Laura Poy y Angeles Cruz:
denuncian violencia de Estado contra mujeres migrantes.
La violencia física,
sicológica y económica que se ejerce en México contra las mujeres migrantes
indocumentadas involucra a autoridades federales y fuerzas policíacas
estatales y municipales, quienes favorecen la "violencia de Estado contra
este sector altamente vulnerable.”
En un estudio conjunto
elaborado con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fundación Ford, Sin
Fronteras, I.A.P. indica que para detener el “patrón de abuso" es necesario
reconocer que la violencia intrafamiliar "es un elemento con fuerte
presencia en el esquema general de la violencia que acompaña a todo el
proceso migratorio de las mujeres".
Muchos casos estudiados
indican que la violencia física y sicológica contra las migrantes es
ejercida mayoritariamente por hombres con los que vivieron o cohabitaron,
quienes suelen amenazarlas con denunciarlas por su situación migratoria. A
ello se suma la violencia que padecen por parte de autoridades federales,
que va desde abusos verbales, físicos, sicológicos y económicos, hasta la
extorsión.”
Entre 2003 y 2004, a través de
talleres y entrevistas a 65 mujeres de Centro y Sudamérica en la estación
migratoria de la Ciudad de México, en un albergue de Río Blanco, Veracruz, y
en un local de Tapachula, Chiapas, se detectó que la violencia en sus
diferentes formas estaba presente en todo el proceso migratorio.
Respecto al destino de las
migrantes, el resultado arrojó que el 57 por ciento se dirigían a Estados
Unidos y el 43 por ciento a la Ciudad de México. Las entrevistas se
realizaron a mujeres procedentes de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Cuba,
Venezuela, Colombia, Argentina, Honduras y Perú.
El estudio mostró que 46 por
ciento de las entrevistadas (30 mujeres) dijo haber sido objeto de algún
tipo de violencia, ya sea por parte de las autoridades, familia o personas
desconocidas durante el proceso migratorio. De este universo, 23% declaró
que la violencia se ejerció por las autoridades migratorias; 10 % por la
Policía Federal Preventiva y con el mismo porcentaje, la Policía Judicial y
las municipales.
Las entrevistadas
identificaron como fuente de violencia al Ejército en 6.6 % de los casos, a
los policías estatales y bomberos en 3.3 % cada uno; mientras que 33.3% dijo
no poder identificar a sus agresores.
Sobre las formas
institucionales, 30% declaró haber sido objeto de violencia física; una
cantidad enfrentó agresiones psicológicas; 16.6% económica (en forma de
extorsión) 10% sufrió todo tipo de violencia sexual y 13.3% no la
especificaron.
Relacionado con el mismo
universo, las referencias al maltrato en el entorno familiar arrojaron que
24% de las entrevistadas sufrieron este tipo de violencia, mientras que 36%
negaron este hecho y el 4% restante no proporcionaron datos.
También el periódico El
Universal y Criterios, periodismo independiente, divulgaron una
noticia el 22 de julio de 2006 titulada: Denuncia CNDH pasividad oficial
ante maltrato de mujeres migrantes emitida por la oficina del
ombudsman, José Luis Soberanes, en la que se critica al Gobierno de México
por su “pasividad” e “inadmisible indiferencia” ante las violaciones
sexuales que sufren en la zona fronteriza con Estados Unidos miles de
mujeres migrantes. Diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado
dichas violaciones por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió
“al Gobierno federal a emprender acciones tendentes a atender los casos de
mujeres, víctimas de una creciente violencia sexual.”
Dicha oficina se basa en
datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que señalan que cada día
cruzan 450 mujeres de México hacia ese país. Este flujo se intensificó en
2004 y 2005 hasta llegar a 340 mil mujeres en esos dos años.
En esos dos últimos años
también han aumentado las agresiones sexuales a mujeres. Muchas veces
quienes perpetran dichas agresiones, extorsiones y abusos hacia las mujeres
migrantes son los servidores públicos federales, estatales y
municipales,aprovechándose de que la Ley General de Población
mexicana en su Artículo 123 considera delito la entrada de
indocumentados al país y se aprovechan de esas mujeres migrantes
centroamericanas que en su mayoría entran a México indocumentadas.
Algunos diputados mexicanos
han presentado ante el Congreso una iniciativa que busca eliminar de la
legislación “la inmigración ilegal como delito que merece la privación de la
libertad”, pero no se sabe si se acepte o no ya que dicha iniciativa será
analizada a partir de septiembre de 2006 por el nuevo poder legislativo
elegido el pasado 2 de julio.
Por otro lado El Mañana de
Reynosa, Tamaulipas publicó una noticia sobre lo preocupante que es la ola
de violencia que agobia a la frontera norte de México, incluyendo
específicamente a Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, donde se observa un
crecimiento de homicidios de mujeres, y muchas de ellas son mujeres
migrantes.
El 5 de abril de 2006 La
Jornada publicó una noticia titulada: Crece la tasa de mujeres violadas
en la frontera: ONG . En ella se lee: “Mexicali, B.C. La Coalición para
la Defensa del Migrante informó que en la frontera norte de México se
registra un incremento notable de casos de violación de mujeres que tratan
de cruzar hacia Estados Unidos. Aunque no existen cifras oficiales,
“cualquiera, que tenga algún trato con los migrantes –sea el personal de los
albergues o la Patrulla Fronteriza- puede confirmar que se ha incrementado
notablemente el número de mujeres migrantes que reportan asaltos sexuales”,
señala Esmeralda Siú, vocera de este organismo que reúne 15 agrupaciones
sociales fronterizas. Por necesidad económica o con la esperanza de lograr
la reunificación familiar, cada día un mayor número de mujeres se traslada a
esta frontera. “Estos penosísimos delitos se suman a muchos otros cometidos
contra los migrantes, especialmente en el tramo más transitado; es decir,
desde Agua Prieta hasta Sásabe, Sonora.”
Frontera con justicia, A.C.
para el Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos
entrevistó a 1003 migrantes en tránsito, principalmente centroamericanos de
mayo 2005 a abril 2006. De las entrevistas el 98% eran hombres y sólo el 2%
mujeres. Esto se debe a que la población del albergue Belén, Posada del
Migrante, en Saltillo, Coahuila, es mayoritariamente masculina y aunque ha
aumentado el número de mujeres atendidas, no es muy agradable para las
mujeres migrantes contar su experiencia en el camino, pues sufren mucho más
agresión que los hombres.
Según la información
proporcionada por los migrantes en las entrevistas realizadas, las
autoridades, que más los agradieronn en los diferentes lugares por los que
transitaron, fueron los guardias del tren, pero también los policías
municipales quienes, abusando de su autoridad, intimidaron y extorsionaron a
los migrantes en tránsito. De agentes migratorios se recibieron 100 quejas,
de la policía federal preventiva 93 agresiones; le siguió el ejército, sobre
todo en la frontera y en los retenes. También hubo quejas de la policía
estatal y de la judicial.
Cabe resaltar que la mayoría
de estas agresiones fueron cometidas en las vías del tren, en el mismo tren
o en las estaciones de éstos y que los agresores fueron identificados
plenamente por los migrantes.
Existen dos casos relevantes
de mujeres:
Maritza
Barrios,
guatemalteca, quien viajaba en el tren con cuatro compañeros, que conoció en
el camino, rumbo a la frontera norte. El 14 de abril, cerca de Saltillo,
tres guardias llegaron a donde estaban los cuatro y les pidieron dinero. A
Maritza le encontraron $100.00 entre la ropa, a los compañeros los golpearon
e hicieron que se bajaran del tren a gran velocidad.
Uno de los guardias la quería
violar y luego la amenazaba con matarla dejándola colgada entre dos vagones.
Por fin la soltaron, pero uno de sus compañeros logró rescatarla; sin
embargo una de las ruedas del tren ya le había pasado encima de parte de la
pierna derecha.En el hospital le tuvieron que amputar la pierna de la
rodilla para abajo.
Las Hnas. Misioneras
Catequistas de los Pobres de Posada del Migrante supieron de Maritza, quien
se quedó con ellas para reponerse del daño irreparable a su integridad
física y psicológica cometida por elementos de la empresa de seguridad
privada de Consultores Profesionales en Seguridad Privada, (COPSSA), que se
asignaron atribuciones que corresponden sólo a autoridades migratorias.
Sonia
Cáceres, hondureña,
viajaba en el tren que pasaba por Saltillo el 24 de septiembre con otros
compañeros de Honduras. De repente vieron que una camioneta blanca seguía al
tren y los guardias les lanzaban piedras. Sus compañeros se arrojaron del
tren para huir de los vigilantes, pero Sonia se quedó en el tren, motivo por
el que fue jalada por un guardia del tren y al caer el tren le mutiló parte
del pie. Ella también se recuperó en la Posada del Migrante.
A pesar de que éstos dos
crímenes llevan más de un año y los agresores, reconocidos por la víctimas,
ambos casos no han sido consignados ante el juez penal.
En la frontera sur de México
el fenómeno de violencia contra la mujer migrante es más humillante y
degradante que en la frontera norte. Martha Rebeca Herrera, investigadora de
la Dirección de Antropología Física del INAH, en su investigación, centrada
en el estado de Chiapas, ha encontrado amplias redes de prostitución
tolerada tanto por las autoridades como por la población, lo cual establece
condiciones adversas para las personas que buscan ingresar a México sin los
documentos necesarios.
“En la frontera con Estados
Unidos son las migrantes, en la sur las ilegales y es por esto que las
autoridades y los polleros las tratan como delincuentes.”
Existe toda una red de mecanismos para la explotación sexual de las
migrantes que en su mayoría son mujeres jóvenes, incluyendo niñas entre diez
y doce años.
El modo de ejercer la
prostitución se da de varias maneras, una de ellas, ubicada en una unidad
habitacional cercana a la capital del estado de Chiapas, donde se ofrecen
servicios de las mujeres migrantes, provenientes en su mayoría de El
Salvador y de Nicaragua. El lugar es conocido como La Galáctica y está
custodiado día y noche por policías y seguridad privada. Cuenta con un
centro de salud dentro para atender a las mujeres… pero eso más que un
beneficio para las que viven allí, es un negocio para atender sin problemas
a este negocio, porque cuando las jovencitas enferman o ya no son
atractivas, las denuncian ante las autoridades y son deportadas a su país de
origen
En el municipio de Tapachula
existe otra zona de tolerancia, que incluye un lugar especial para
homosexuales, lo cual provoca mayores problemas de discriminación, pero en
este lugar la prostitución se ejerce en condiciones totalmente adversas, sin
ventajas de salud, ni de protección policíaca. En este caso, la violencia,
las vejaciones y el tráfico de drogas son las constantes que causan muertes
e infecciones tanto entre los usuarios como en las mujeres que se
prostituyen, lo cual hace que las condiciones de vida para los y las
migrantes sean totalmente adversas.
En ambos casos las mujeres
migrantes se encuentran ilegalmente en México. Por ser ilegales y menores de
edad las mismas autoridades pueden ejercer Art. 123 de la Ley de
Población que dice: “Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y
multa de trescientos a cinco mil pesos, al extranjero que se interne
ilegalmente en el país.”
RECOMENDACIONES
-
Insistimos al Gobierno de
México que ponga en práctica la Recomendación General No. 19 párrafo 6 de
la CEDAW para que los abusos físicos, mentales y sexuales de las mujeres
migrantes sean considerados como una forma específica de violencia contra
la mujer.
-
Deseamos que México, como
Estado Parte, del Protocolo Facultativo de la CEDAW, que fue aprobado por
la Cámara de Senadores y aprobado por el Ejecutivo Federal el 22 de enero
de 2002, responda las preguntas que le formule el Comité respecto a
personas que aleguen ser víctimas de cualquier discriminación.
-
Exigimos el respeto de los
derechos humanos de la mujeres migrantes, tanto de las mexicanas como de
las extranjeras en sus travesías por nuestro país.
-
Consideramos indispensable
la urgencia de incorporar la perspectiva de género en las políticas
migratorias, teniendo en cuenta a la mujer como parte activa en todos los
procesos.
-
Imploramos el cierre de
La Galáctica.
-
Reiteramos la necesidad de
continuar con campañas de concientización y talleres para combatir la
violencia ejercida contra la mujer migrante.
-
Exigimos la puesta en
práctica de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que
entró en vigor el 12 de junio de 2003 y sobre todo el artículo
1°que dice: “Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de
interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los
términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.”
-
Reconocemos la labor inmensa de las organizaciones de la sociedad civil
que exigen a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones para
garantizar los derechos humanos de los migrantes
-
Necesitamos involucrarnos en el Programa Nacional
Proequidad
generado por el
Instituto Nacional de las Mujeres.
-
Reiteramos al Sr. Gobernador
de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que de total cumplimiento a las
recomendaciones que le hizo la CNDH, en la Recomendación No 45/2005, del
día 6 de diciembre de 2005, en el sentido de que se investigue a los
servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública por permitir que
elementos de la empresa de Seguridad privada COPSSA llevase a cabo actos
reservados al Instituto Nacional de Migración.
CONCLUSIÓN
GENERAL
Hemos
tratado de demostrar que las mujeres migrantes, en su mayoría
centroamericanas, viven una violencia física, económica y sexual, desde el
momento de cruzar la frontera sur entre México y Guatemala, así como en su
travesía por el territorio de la República Mexicana, hasta que cruzan la
frontera norte con Estados Unidos.
Hemos señalado que la
violencia contra las mujeres involucra a autoridades migratorias,
judiciales, policíacas y a personal de seguridad privada, y, que en la
mayoría de los casos no se les hace justicia a las demandas que presentan
organizaciones civiles respecto a las violaciones de los derechos de las
mujeres migrantes.
También señalamos la
necesidad de armonizar los tratados como el de La CEDAW, del que México es
estado parte, con la puesta en práctica de medidas específicas tanto en el
Artículo 1° de la Constitución como en otras leyes nacionales. Persisten
patrones y prácticas gubernamentales en materia migratoria que son
regresivas y que deben ser modificadas.
No podemos seguir tolerando
en la frontera sur el tráfico de mujeres indocumentadas que en su traslado
por polleros hacia la frontera norte las prostituyen y abandonan.
Reconocemos el interés del
Instituto Nacional de las Mujeres para combatir la violencia ejercida contra
las mujeres migrantes y su deseo de proporcionar herramientas para lograr la
incorporación de la perspectiva de género, pero ojalá que muchas personas se
involucren para facilitar dichos talleres.
Esperamos que este informe
alternativo ayude para que las autoridades migratorias, judiciales,
policíacas y de seguridad privada vayan cambiando sus patrones de conducta
para facilitar la labor que con tanta generosidad y entrega realizan tantas
organizaciones no gubernamentales para combatir la violencia ejercida en
contra de la mujer migrante durante su paso por México y a lo largo de su
travesía hacia los Estados Unidos.
|